Obispos de Acapulco condenan despenalización del aborto en Guerrero

2022-05-22

Obispos de Acapulco condenan despenalización del aborto en Guerrero 

Héctor Briseño

Obispos de la Iglesia católica y grupos de Provida rechazaron la despenalización del aborto en Guerrero. Foto Cuartoscuro

Auto-Lectura

Acapulco, Gro. Obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco lamentaron que no fueron tomadas en cuenta las voces que se oponían a la reforma de la despenalización del aborto en el estado de Guerrero, con argumentos basados en la razón y en la ciencia.

En comunicado conjunto, obispos expresaron su reconocimiento a las personas y legisladores que se manifestaron públicamente, con el fin de que las leyes defiendan la vida de cada ser humano, desde su inicio en el momento de la concepción, hasta su fin en la muerte natural.

En mensaje dirigido al pueblo católico, los obispos señalaron que el hecho de que una ley permita a mujeres embarazadas abortar hasta las doce semanas de gestación, no cambia el hecho de que se trata de la eliminación de un ser humano, niño o niña.

"Eliminar a un ser humano es asesinar. El primer derecho que tenemos los seres humanos es que no nos maten. Es un derecho que se convierte en obligación universal", señalaron los obispos.

Manifestaron que "la ciencia nos dice que empezamos a existir desde el momento en que fuimos concebidos. El nuevo viviente, que se forma en el momento de la concepción, al que se le da el nombre de cigoto, es ciertamente humano, tiene el genoma humano, y es un viviente humano diferente a cualquier otro, parecido a sus padres y hermanos, pero diferente", insistieron los obispos.

Advirtieron que el aborto es también una violencia contra la mujer, contra su cuerpo, contra sus instintos primarios, contra sus sentimientos y emociones.

Ante ello, los obispos se propusieron crear, en las parroquias, centros de acompañamiento a la mujer embarazada, "sobre todo para la que se ve empujada a abortar por diversas razones. Darle la mano sin condenarla y con caridad fraterna, ofrecer los medios indispensables para que el nuevo ser nazca en un ambiente de amor."

El comunicado es firmado por Leopoldo González González, arzobispo de Acapulco; José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo-Chilapa; Joel Ocampo Gorostieta, obispo de Ciudad Altamirano; y Dagoberto Sosa Arriaga, obispo de Tlapa.

IN MEMORIAM: PRESBÍTERO INOCENCIO SILVERIO MAURA EN LA PRENSA

A 4 años de la matanza no han recibido apoyo del gobierno

Viudas y ONG recuerdan a los once asesinados en El Charco

 Realizaron una marcha con ataúdes en memoria de las víctimas y para exigir castigo a culpables  Piden salga el Ejército de la región

BLANCHE PETRICH Y MISAEL HABANA DE LOS SANTOS ENVIADA Y CORRESPONSAL

El Charco, Gro., 7 de junio. En la pequeña capilla de esta comunidad mixteca, viudas, familiares, organizaciones sociales y la ex presa política Ericka Zamora Pardo recordaron a los 10 campesinos y un estudiante de la UNAM asesinados la madrugada del 7 de junio de 1998; exigieron investigación y castigo a los responsables de la masacre dirigida por el general de la 27 Zona Militar, Alfredo Oropeza Garnica. 

También denunciaron la persistente violación de los derechos humanos de los indígenas y el hostigamiento por parte de elementos del Ejército Mexicano en las comunidades campesinas de la sierra del sur.

Después de los oficios religiosos, celebrados por el sacerdote mixteco Inocencio Silverio Maura, párroco de La Concordia, comunidad indígena cercana a El Charco, Ericka Zamora, encarcelada durante tres años y medio acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), leyó un discurso.

"Hace cuatro años, en este lugar se llevó a cabo una asamblea comunitaria en la que se discutían asuntos relacionados con la problemática de la región. La asamblea no fue un hecho aislado, por el contrario, era parte de la lucha por la autonomía indígena, de la necesidad de organizarse sin imposiciones de nada y nadie, del derecho a decidir y existir, del derecho a imaginar lo que queremos que sea".

Dijo que la masacre de El Charco fue "una barbarie no sólo contra los 11 asesinados, contra los detenidos y los heridos, sino también contra este pueblo mancillado desde hace siglos, acosado por la creciente militarización y represión como parte de la guerra de contrainsurgencia".

Expresó que a pesar de los cambios en el país siguen imperando la impunidad y la violación a los derechos humanos. Recordó a quienes se encuentran detenidos, como Angel Guillermo Martínez, Jacobo Silva y Gloria Arenas, todos ellos acusados de pertenecer al ERPI (estos dos últimos realizan una huelga de hambre).

Ericka Zamora exigió castigo para los responsables de la matanza del 7 de junio e hizo un llamado a las organizaciones civiles para que "se inicie un movimiento de solidaridad y apoyo para Ayutla y Chiapas y hacia todas las comunidades del país". 

Poco más de mil personas, pertenecientes a organizaciones sociales y estudiantiles, realizaron una marcha por las principales calles de este poblado, siguiendo 11 ataúdes que eran acompañados por música fúnebre proveniente de una banda mixteca. El mitin concluyó frente al palacio municipal de este sitio gobernado por el PRD, sin la participación de este partido, y bajo una fuerte lluvia.

Entrevistados durante la marcha en Ayutla, las viudas Catalina Leobardo Aurelia, Margarita Joaquina Morales Castro, Marcelina Castro Adame y el sobreviviente Sabino Adelaido García acusaron que más de 40 niños viven en la orfandad y no han recibido los apoyos económicos que desde hace cuatro años prometieron autoridades federales, estatales y municipales.

En su lenguaje mezclado de español y mixteco, los indígenas denunciaron que el hostigamiento militar continúa en las comunidades, donde sufren allanamiento de viviendas, robo de alimentos e incluso violaciones a mujeres, sin que ninguna autoridad les haga caso pese a las constantes demandas penales que existen.

Adelaido García, quien estuvo preso un año y medio en el penal de Acapulco, dijo que la situación actual de las familias de las víctimas es deprimente, pues algunas viudas tienen hasta seis niños y carecen de fuentes de ingreso, salvo cuando son contratadas en trabajos del campo con un pago de 35 pesos por día.

Después de cuatro años de la matanza de El Charco, las viudas no han recibido indemnización, los únicos apoyos vienen de organizaciones no gubernamentales, acusó el entrevistado, quien exigió a las autoridades de los tres niveles apoyo para los niños que viven en la orfandad.

Exigió además la salida de los cuerpos militares que operan en esta zona indígena, "porque los soldados no tienen nada que hacer aquí, ya que nosotros no somos ni millonarios ni empresarios para que el Ejército nos ande cuidando, somos campesinos que queremos apoyo y recursos para invertir en nuestras tierras".

Cuando regresaba el contingente de El Charco hacia Ayutla se vieron pintas sobre las piedras que daban la bienvenida a Ericka Zamora, firmadas por las Fuerzas Armadas de Liberación de los Pueblos Indígenas (FALPI), grupo del cual nunca se había oído nada.

Cuando se preguntó a la estudiante y a Arturo Campos, presidente de la Organización Independiente de Pueblos Indígenas Mixtecos Tlapanecos, negaron cualquier vínculo con este grupo, incluso dijeron que podría ser una estrategia oficial para desviar la atención de la matanza.

En la madrugada de aquel 7 de junio de 1998 fueron asesinados los campesinos Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fidencio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y el estudiante de la UNAM Ricardo Zavala.