José Pilar Quezada Valdès -sentado a la izquierda- y Agustín Caloca Cortés -Sentado a la derecha- alumnos en el Seminario de Guadalajaraa
... "en la Iglesia conviven asnos, mulos y machos cabríos, algunos tan salvajes que se sienten deseos de matarlos, pero no es posible porque 'el Amo quiere recibirlos todos en buen estado'."
El Cura de Torcy a su colega de Ambricourt, en: "Diario de un Cura Rural", de Bernanos.
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viernes, 18 de enero de 2019

EJERCICIO OBLATIVO DE LOS PASTORES EN LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE ACAPULCO


EJERCICIO OBLATIVO DE LOS PASTORES EN LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE ACAPULCO
Pbro. Lic. Juan Carlos Flores Rivas

El pasado 23 de diciembre de 2018 en la edición 2199 de la revista Proceso, Rodrigo Vera publicó un amplio reportaje titulado: “Si puedo matar a un sacerdote, puedo matar a cualquiera”; 26 clericidios en el sexenio de Peña. Recogiendo el hecho de que: “En el sexenio que terminó, el crimen organizado alcanzó un trágico récord de 26 sacerdotes católicos asesinados, sobre los 17 ultimados durante el mandato antecedente. Con este “clericidio”, como lo llama el religioso Omar Sotelo, las bandas delictivas buscan provocar “desestabilización social” en las comunidades, demostrar que nadie está a salvo y acallar a un sector que, como los periodistas, “genera opinión pública”. “Considerado como el período más trágico para el sacerdocio en México y únicamente superado por el periodo de la Guerra Cristera, un saldo de 26 sacerdotes asesinados mediante ataques directos y por el solo hecho de ser ministros de culto, crímenes que hasta la fecha no han sido aclarados, por lo que siguen en completa impunidad”.
Germaín Muñiz e Iván Añorve
Presenta el artículo una entrevista al religioso Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), que acaba de presentar un informe sobre los sacerdotes ultimados. Estadísticas en mano, Sotelo indica que durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron ultimados tres sacerdotes, en el de Vicente Fox fueron cuatro, pero ya con Calderón los crímenes se dispararon a 17 y con Peña a 26. Mientras que, en América Latina fueron asesinados 14 sacerdotes en 2017 y la mitad de estos crímenes, siete, ocurrieron en México, que –asegura– “sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es mayoritariamente católica”. Explica el origen de tanto crimen: “El incremento de los asesinatos coincide justamente con el inicio de la guerra contra el narcotráfico. –¿Y por qué razón se ataca a los clérigos? –Porque el sacerdote es una especie de estabilizador social. 
John Ssenyondo
El crimen organizado sabe bien que al matar a un sacerdote provoca desestabilización social en la comunidad, sembrando así el miedo para poder actuar a su antojo”. “Hay una razón detrás de estos crímenes. Y aquí el mensaje que se manda es muy claro: ‘Si puedo matar a un cura puedo matar a quien sea’.” Sobre todo, los sacerdotes no son víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico; “Los están matando por ser sacerdotes. Van contra ellos directamente. Estamos ante un clericidio, no se le puede llamar de otra forma. Pero además estos crímenes se ejecutan con una saña tremenda: primero secuestran a los sacerdotes, luego los someten a fuertes torturas y finalmente los matan”. “Tras la muerte viene la difamación, cuyo objetivo es criminalizar al sacerdote, acusándolo de pederasta, de disoluto o de estar coludido con el narco. Para las autoridades que investigan los casos esto representa una salida muy fácil y terminan diciendo: ‘Lo mataron porque se lo buscó’. Así le dan carpetazo al asunto y los crímenes quedan en la impunidad.”

Llama la atención que de los 26 casos de sacerdotes asesinados, seis son de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, 1 de cada cinco, o también el 20%: Joel Román Salazar (10.dic.2013), José Ascención Acuña Osorio (21.sept.2014) y Gregorio López Gorostieta (22-25.dic.2014), los tres de la Diócesis de Ciudad Altamirano; Germaín Muñiz e Iván Añorve, acribillados (feb.2018) en la carretera Iguala-Taxco. El primero de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el segundo de la Arquidiócesis de Acapulco. También de Chilpancingo-Chilapa, el misionero comboniano John Ssenyondo (abril.2014).
Gregorio López Gorostieta
Omar Sotelo es un religioso paulino que, a través del CCM, cada diciembre presenta informes anuales sobre los asesinatos y agresiones contra el clero mexicano. El año pasado publicó el libro “Tragedia y crisol del sacerdocio en México”, una investigación más sistematizada basada en estos informes. Y ahora acaba de presentar “Evaluación del sexenio 2012-2018”, un amplio reporte sobre estas agresiones ocurridas durante la administración recién terminada, en el que detalla fechas, lugares y circunstancias de cada caso. Y menciona las cinco entidades donde se dio el mayor número de asesinatos y agresiones contra sacerdotes y agentes de evangelización: Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México. Aclara el reporte sexenal: “Los crímenes contra sacerdotes no son propiamente de persecución religiosa por odio a la fe; en la mayor parte de los casos hay rasgos de una nueva forma de hostigar violentamente la acción pastoral de sus agentes evangelizadores, dando lugar al crecimiento del temor, de la impunidad y la violencia en diversas entidades del país”.

Hoy sabemos de varios obispos amenazados de muerte, entre ellos Salvador Rangel Mendoza, Obispo de Chilpancingo-Chilapa; y las presiones recibidas, que llevaron a solicitar su traslado, del Obispo de Ciudad Altamirano Monseñor Maximino Martínez Miranda, entre otros”. La realidad oblativa en el ejercicio del ministerio sacerdotal en nuestra Provincia, habla del grado de inserción de los pastores en la realidad del pueblo santo de Dios.

viernes, 14 de septiembre de 2018

DIÓCESIS DE CHILPANCINGO-CHILAPA CHOCA CON DIPUTADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO

DIÓCESIS DE CHILPANCINGO-CHILAPA CHOCA CON DIPUTADOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, MÉXICO
14 Septiembre, 2018 


Diócesis de Chilpancingo-Chilapa choca con diputados del Estado de Guerrero, México

Duro extrañamiento del obispo Salvador Rangel Mendoza por la concesión de máximo galardón a feminista pro-aborto; La LXII Legislatura del Estado de Guerrero no observó el adecuado proceso legislativo para conceder la presea “Los Sentimientos de la Nación”

Guillermo Gazanini Espinoza / UICCM

El rechazo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa por la polémica concesión del galardón “Sentimientos de la Nación” a la activista y feminista María Luisa Garfias Marín (1958), motivó un fuerte extrañamiento hacia la LXII Legislatura del Congreso del Estado que quiso poner en evidencia la irregular actuación de los diputados que fueron “en contra” del espíritu para reconocer efectivamente a personas comprometidas en la lucha por la paz y la defensa de los derechos humanos.

En comunicado de prensa del 13 de septiembre suscrito por el obispo Salvador Rangel Mendoza, quien en últimas fechas ha captado la atención de la opinión pública y observado por autoridades por el diálogo que ha sostenido con miembros del crimen, la Iglesia católica de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, Estado de Guerrero, dio fuertes argumentos sobre su oposición para que Garfias Martín fuera elegida para las más alta distinción concedida por el Congreso estatal y entregada de manos del gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, de extracción priísta.


La activista es considerada como una de las principales defensoras del aborto visto como “derecho humano” de las mujeres. De acuerdo con la diócesis, en este 2018 la concesión a Garfias Martín “está muy alejada de dichos principios (que inspiran a Los Sentimientos de la Nación), ya que la recipiendaria propuesta ha publicado en sus cuentas de redes sociales y declaraciones públicas a medios impresos, estar promoviendo el aborto. El 10 de mayo de 2014, pidió a los diputados aprobar la despenalización de aborto en Guerrero y cuya iniciativa fue rechazada ampliamente por la ciudadanía guerrerense que defiende la vida humana. El pasado 19 de julio de 2018, solicitó por escrito al Congreso del Estado de Guerrero, que las víctimas de violación puedan acceder al aborto sin presentar denuncia del delito ante el Ministerio Público, contraviniendo las disposiciones legales vigentes, dando con ello impunidad a los violadores, esto entre otros temas negativos…”

En el comunicado, la diócesis esgrimió la defensa del derecho a la vida tal y como lo queda establecido en Tratos y Convenios a nivel interamericano, ignorar este derecho fundamental “sería dar legalidad a la violencia que se pretende erradicar en el Estado y en el país y, por tanto no podríamos hablar de democracia y paz verdadera en nuestra sociedad”.

En entrevista a este medio, el padre Benito Cuenca Mayo, director de la oficina de prensa y firmante del comunicado, ofreció más argumentos en torno al conflicto. “Se trata de la entrega de un premio al marco de la conmemoración de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac por el generalísimo José María Morelos y Pavón” mismo que cumple 205 años cuando, el 14 de septiembre de 1813, en pleno movimiento por la independencia, el continuador de la lucha de Miguel Hidalgo quiso dar identidad a la nación mexicana con la lectura de Los Sentimientos de la Nación, primer manifiesto en el que se reconocen los derechos de los súbditos y la libertad de la opresión de España.

Según explicó el padre Cuenca Mayo, este premio tiene profundas implicaciones históricas. “Se entrega en la catedral de la Asunción de María, sede del obispo de Chilpancingo-Chilapa, por haberse dado aquí la constitución del Congreso del Anáhuac”; sin embargo, el director de prensa también explicó las irregularidades en la entrega del galardón.

“Apenas conocimos quién sería la recipiendaria hace un par de días cuando, en ocasiones anteriores, sabíamos por lo menos con ocho días de anticipación; el Congreso del Estado aprobó el dictamen el 11 de septiembre con 25 votos a favor de 46 diputados que integran el Congreso estatal. Los votos fueron del grupo parlamentario dominante en el Congreso, el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el rechazo de los partidos de oposición, fundamentalmente del PRI y Verde Ecologista”.


Como se recordará, Morena prácticamente arrasó en las elecciones del 1 de julio que llevaron al triunfo de la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador quien, hizo énfasis en el respeto a las leyes aprobadas para la despenalización del aborto en las distintas entidades de la federación.

A mayor abundamiento, el padre Benito Cuenca explicó que en este año la entrega de la presea “Sentimientos de la Nación” estaría viciada al habérsele despojado de su noble propósito que le sostiene según los principios del generalísimo José María Morelos. “Por eso -afirmó- los obispos no asistirán como invitados a la entrega en catedral de la Asunción demostrando así su rechazo”.

No sólo la diócesis de Chilpancingo-Chilapa rechazó la nominación de la activista Garfias Martín. De acuerdo con el director de prensa diocesano, otras organizaciones mostraron su desagrado, entre ellas “Guerreros por la Vida” y el “Frente Nacional por la Familia”, agrupaciones que han dado una fuerte oposición a la despenalización del aborto en el Estado y el país. También habrían manifestado su desacuerdo diversas iglesias evangélicas.

La LXII Legislatura del Estado de Guerrero apenas tomó protesta el 1 de septiembre. De mayoría asociada al Movimiento de Regeneración Nacional fue señalada de enturbiar el proceso legislativo que no tuvo quórum de ley ni reunió los consensos entre grupos parlamentarios para que la ahora cuestionada activista María Luisa Garfías Martín fuera reconocida con la presea creada por decreto 71 del Congreso del Estado del 11 de julio de 1997.


María Luisa Garfias Martínez es originaria de Matías Romero, Estado de Oaxaca. De acuerdo con la información biográfica hecha pública pertenece al Consejo estatal para Defensores de Derechos Humanos y al Colectivo Nosotras. Llegó a Guerrero en 1978 y ocupó una curul en el Congreso local en la LIII legislatura. Como ella misma describe: “Desde hace 38 años me he enfocado en trabajar por las mujeres, construyendo una sociedad donde podamos vivir con respeto, igualdad, en ejercicio pleno de los derechos. Me he dedicado a capacitar defensoras de derechos humanos en las comunidades indígenas; acompaño a la Procuraduría, a los juzgados, a todas las instancias donde se requiera, a mujeres que viven violencia familiar, sexual o institucional. Les enseñamos a las mujeres que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Esta tarde un nuevo capítulo se escribió con este rechazo que presagia nuevos roces entre los poderes del Estado y la Iglesia católica encabezada por Mons. Rangel Martínez. En el fondo exhibe también las viejas prácticas de un sistema político que se niega a morir y que parece emular el pasado autoritario del partido único y omnipresente. Así parece afirmarse cuando el comunicado diocesano determina cuestiona a los diputados de la LXII Legislatura y advierte de la urgencia de que el Estado cuente con un cuerpo legislativo que sea representativo de la soberanía nacional, en cuya sabiduría, integridad y patriotismo podamos librar nuestra confianza…

El documento concluye pidiendo la intervención de dos santos víctimas de la violencia y hoy mártires de la Iglesia. San David Uribe Velasco (1888-1927) fue nativo de Chilapa y ahí ejerció su ministerio sacerdotal. El 12 de abril de 1927 fue ultimado de un balazo en la cabeza en las cercanías de Vistahermosa, Morelos. El otro santo es san Margarito Flores García (1899-1927) sacerdote nacido en Taxco quien desarrolló su ministerio en Chilapa y Chilpancingo. Fue pasado por las armas el 12 de noviembre de 1927. A ellos, y ante la violencia que representan el aborto como un ataque a los más débiles, se encomienda “la construcción de la paz tan necesaria en el Estado de Guerrero”.

domingo, 8 de abril de 2018

SALVADOR RANGEL, ¿OBISPO CRIMINAL?

EDITORIAL CCM: SALVADOR RANGEL, ¿OBISPO CRIMINAL?

Editorial CCM

Salvador Rangel, ¿Obispo criminal?


Mons. Rangel tiene un protagonismo muy delicado que pocos aceptarían en este caos social. Mientras algunos acusan desde la comodidad de la oficina y cobijados por el fuero, un pastor hace el trabajo que no corresponde a un ciudadano común.

“Por pura necesidad…” Esas palabras resumen lo que el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Mons. Salvador Rangel Mendoza, realizó en la semana santa al reunirse con delincuentes a fin de tomar acuerdos para pacificar y mantener, aunque sea por un período, una frágil tregua para el desarrollo del proceso electoral en el Estado de Guerrero.
Voces a favor y en contra se alzaron por la acción del prelado. Destacan aquéllas que, al interior de la Iglesia, han dado un espaldarazo al obispo; otras, y parece ser la mayoría, reprueban al religioso franciscano por la violación flagrante de la Constitución, la ley de asociaciones religiosas y culto público y de disposiciones penales por interpretaciones jurídicas forzadas y con el ánimo evidente de culpar, sumir en el silencio al prelado quien mete las manos donde la ley es tímido remedo de justicia para un Estado que parece fallido.
Guerrero sólo parece tener paz en el silencio de los sepulcros. Colocándose en los primeros lugares en la comisión de delitos a nivel nacional, sufre el derramamiento de sangre por una altísima incidencia de homicidios dolosos que lo ponen como un territorio bajo conflicto bélico. En 2015, el Wilson Center publicó un informe sobre las múltiples causas del Guerrero violento y cruel cuyo mayor paradigma son los 43 desaparecidos de Iguala. De acuerdo con el reporte aludido, el Estado registra 40 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes; delitos como el secuestro y la extorsión son comunes y se presume que más del 95 por ciento no son denunciados por lo que prevalecen altos índices de corrupción e impunidad. En 65 de los 81 municipios opera alguno de los diez grupos delincuenciales ligados al narcotráfico además de células guerrilleras y de autodefensas. 2017 fue un año horrible cuando el Estado vio el asesinato de 20 políticos y tres desapariciones; en lo que va de 2018, cuatro dejaron de existir por acciones violentas. Este clima de incertidumbre empuja a algunos candidatos a renunciar a sus aspiraciones por miedo de perder la vida. Además, encabeza el primer lugar en crímenes cometidos contra agentes de evangelización de la Iglesia.
Mons. Rangel tiene un protagonismo muy delicado que pocos aceptarían en este caos social. Mientras algunos acusan desde la comodidad de la oficina y cobijados por el fuero, un pastor hace el trabajo que no corresponde a un ciudadano común. El peso moral de su ministerio contribuye a poner un grano de arena en el fincamiento de la paz. Se equivocan quienes le imputan complicidad, encubrimiento, amistad, pactos ilegales o asociaciones delictuosas. El obispo no se ha sentado a la mesa para lucrar con el dolor, tener ganancias ilícitas, pactar la destrucción de los demás o procurar deliberadamente el delito. Buscar a los hacedores del dolor no es ningún crimen. ¿Reunirse con ellos lo hace delincuente? Tampoco. Sin embargo, lo único de lo que se le puede señalar es abogar por un bien que parece ser la “mercancía” menos apreciada en estos tiempos violentos: El respeto a la vida de cualquier persona sin importar quien sea, sólo “por pura necesidad”, ante el vacío de autoridad mientras aquellos se desgarran las vestiduras.