lunes, 14 de marzo de 2016
Crisis humanitaria por la violencia; Estado y sociedad, corresponsables: Jesús Mendoza
Crisis humanitaria
por la violencia; Estado y
sociedad,
corresponsables: Jesús Mendoza
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Entrevista al párroco de la
iglesia del Kilómetro 30, reconocido por el auxilio espiritual y material que
ha brindado a familias de desaparecidos en Acapulco
Francisco Javier Flores V.
 |
| Padre Jesús Mendoza Zaragoza. |
En un contexto donde a nivel
nacional se tienen registros de más de 26 mil desaparecidos –más los miles que
no están documentados-, con una cantidad inmensa de asesinatos que suceden a
diario, extorsiones, secuestros, robos, y el drama que envuelve a todas las
familias víctimas de estos diferentes tipos de violencia que han generado una
fuerte oleada de desplazados –unos visibles, otros no-, es evidente que estamos
viviendo una crisis humanitaria que el Estado se niega a reconocer, alerta el
sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, párroco de la iglesia del Kilómetro 30.
En la sociedad, “hay un mundo
tan inmenso de dolor, de impotencia, de enojo, de inconformidad; mucha gente
está inconforme y está enojada y eso lo lleva aquí”, expresa mientras oprime su
pecho con el puño, al señalar que toda esa diversidad de modos de violencia que
estamos padeciendo, está generando fenómenos nunca antes vistos.
“Lo más visible son los
asesinatos y los desaparecidos, pero el mundo de los desplazados es inmenso; hay
aquí en Acapulco un desplazamiento que no se percibe, hay una familia amenazada
aquí a una cuadra que se tiene que ir, negocios que tienen que cerrar, son
desplazamientos que no están registrados ni reconocidos, pero que son reales.
Por eso creo que hay una crisis humanitaria en el país que a las autoridades
les da mucho trabajo reconocer, y que tenemos que buscar formas de respuesta a
ella, hacer que se detone todo un esfuerzo del Estado y de la sociedad”.
El clérigo, que se ha
caracterizado por brindar apoyo espiritual y material a familias que han sido
víctimas de la violencia, considera que “es tiempo de reconocer la
responsabilidad que tenemos como país porque si no se responde a esta situación
de sufrimiento, de esos muchos miles de víctimas, esa herida va a pesar mucho,
y México va a tener todo un rezago, digamos, humanitario que le va a hacer
mucho daño, cargar con una inconformidad colectiva social, con un enojo social
por mucho tiempo nos va a seguir enfermando a todos”.
Y es que en su opinión, una es
la responsabilidad que tiene el Estado, que está señalada por la ley, “pero
también la sociedad tiene una responsabilidad; hay una buena parte de la
sociedad que está en ese mundo de la violencia, o sea que en la sociedad
también estamos víctimas y victimarios, entonces ahí también necesitamos poner
la atención, y como sociedad tendremos que ver qué hacemos. Hasta el momento ha
habido una actitud muy pasiva, dejamos a las víctimas solas, y eso les duele
mucho, el abandono social, incluso la estigmatización, la criminalización, el
señalarlos, cuando les dicen: a la mejor tu hijo andaba en eso, por eso lo desaparecieron,
eso es hacerles más daño”.
Nace una AC en Acapulco
En Acapulco hay un drama que
viven decenas, cientos, tal vez miles de familias. No hay registros reales al
respecto. El drama de no saber el paradero de sus seres queridos, porque se
perdieron en el trayecto a la escuela, al trabajo, a la tienda de la esquina;
porque sufrieron el clásico “levantón”, pues, como se le conoce hoy en día… y
ya nunca se volvió a saber de ellos.
Aquí, mientras oficiaba en la
iglesia de La Laja –de la que fue cambiado recientemente-, el padre Jesús
Mendoza Zaragoza conoció de primera mano ese drama de muchas de esas familias
que se acercaron a la iglesia católica en busca de consuelo, de ayuda, de
acompañamiento.
Con el apoyo de la
Arquidiócesis, el presbítero conjuntó a un grupo de familias entrelazadas por
el mismo dolor y una misma causa: encontrar a sus familiares. Ahí se sentaron
las bases para la creación de una asociación civil denominada Familias de
Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, integrada por los mismos familiares,
independiente de la iglesia, pero que sigue teniendo el acompañamiento de la
Arquidiócesis y ahora también el apoyo y la asesoría jurídica de la Barra de
Abogados, Colegio de Acapulco.
“La idea es que ellos mismos,
como organización legalmente constituida, hagan sus trámites y puedan tomar sus
propias decisiones; nosotros simplemente estamos acompañando con lo que nos
toca, la parte espiritual, apoyo sicosocial; acabamos de tener un taller, le
llamamos de sanación, que es todo el manejo de las emociones, porque estas
familias quedan muy deterioradas, muy afectadas, y hay que ayudarles a
recuperarse como tal, de tal forma que puedan tener las mejores condiciones de
salud para que puedan seguir su lucha”, explica.
Ahí, las historias son
desgarradoras: las hay desde el taxista que salió a trabajar y ya nunca
volvió a casa, dejando en la
incertidumbre a sus padres, a su pareja; la jovencita que salió de su casa a la
tienda de conveniencia de la esquina a hacer una recarga de saldo para su
teléfono celular y no se volvió a saber de ella; o el jovencito –de 14 años de
edad- que hace casi cinco años se perdió en el trayecto de la escuela a la casa.
Hasta mediados de febrero
–cuando se dio a conocer a la luz pública- la asociación civil estaba integrada
por 21 familias, aunque la idea es que muchas más se vayan sumando en el
camino.
“Yo conozco a muchas familias
que han preferido guardar silencio; el miedo, la desconfianza, sobre todo hacia
las instituciones públicas, no les permite, prefieren por lo pronto vivir su
dolor, incluso a algunas de ellas las acompañamos en los otros aspectos, pero
ya meterse a la exigencia de justicia, no lo hacen. Yo creo que lo irán
haciendo en la medida en que vayan viendo que esta organización se vaya
haciendo más visible y vaya dando algunos resultados”, expresa el padre Jesús.
No son sólo 43
El presbítero Jesús Mendoza ha
sido un importante promotor de la búsqueda de desaparecidos. Ha participado en
encuentros a nivel nacional e internacional sobre el tema. Sabe que en México
existen al menos 35 colectivos integrados por familiares de desaparecidos del
norte, del sur, del centro del país.
“Todas esas organizaciones se
han desarrollado con una dinámica de buscar condiciones para la búsqueda de
justicia. Bueno, lo primero para todos ellos es encontrar a sus familiares, es
la primera demanda y ya a partir de ello lo que quieren es la verdad sobre cada
una de ellas y también la justicia. Claro, es difícil, con este modelo de justicia
que tenemos aquí, donde nada más se pone atención al victimario, al criminal,
pero no a la víctima”, manifiesta.
Añade es apenas, con la Ley
General de Víctimas, que se empieza a hablar de los derechos de los familiares,
a quienes se les debe dar atención, y que ahora “las organizaciones de
desaparecidos en México están en un esfuerzo de participar en la Iniciativa de
Ley Sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, y están
aportando ahorita al Senado, para que a partir de sus necesidades sean
reconocidas en esa ley, que va a ser una ley general, y que puedan ser
atendidos realmente en sus necesidades y estén especificados como derechos”.
Recuerda que cuando sucedieron
los hechos de Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa “hubo una movilización
nacional extraordinaria; yo lo que capté es que ahí toda la gente afectada
salió a gritar, porque se vio reflejada en esos 43, por eso no son esos 43
solamente, sino son muchos miles afectados”, expresó.
-
Padre
¿está rebasada la autoridad, se ha perdido la confianza? Muchas familias han
preferido buscar a sus desaparecidos por su cuenta…
-
Bueno, en
este tema lo vimos con el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, no han tenido las
capacidades institucionales ni profesionales, ni siquiera las legislativas para
hacer ese trabajo como debe hacerse, y por otra parte entendemos que no han
querido reconocer la verdad, porque en esa verdad el estado sale mal parado,
porque en muchos casos la delincuencia junto con los policías, las
procuradurías, han estado de la mano. Entonces ante esto muchas familias se van
a buscar por su cuenta, digamos es lo que ha pasado en Iguala, y creo que en
algunas otras partes. Aquí yo los he escuchado que ellos tienen también esa
intención si tienen información de lugares, ellos pueden aprender también lo
mismo, pero ya es la iniciativa de ellos, lo que tendrán que ir desarrollando.
-
¿Qué pasa
con la sociedad, padre, hay mucha insensibilidad, se ha perdido la capacidad de
asombro?
-
Lo que tenemos
es una sociedad que desde décadas tiene una cultura, más bien el sistema
político autoritario desarrolló una sociedad infantilizada, que espera que el
gobierno resuelva todo, y que no se atreve a levantarse y a asumir su
responsabilidad. Ya ahora después con toda la dinámica de los grupos
criminales, si a eso le añadimos el miedo, la impotencia, toda la cuestión del
enojo, pues buena parte de la sociedad opta más bien por replegarse, y hasta
que no les afectan, luego empiezan a responder, y a veces ni así.
“Entonces tenemos una sociedad
enferma de insolidaridad, enferma de miedo, enferma de individualismo que no
está en condiciones, pues, de hacer su parte para que las cosas cambien, para
que demos pasos hacia la construcción de la paz, ni para que se atiendan a las
víctimas. Entonces yo creo que ese es un mal de muchos años pero se ha agravado
con la situación de violencia que tenemos desde hace una década”.
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¿Habría
que echarle toda la responsabilidad a la delincuencia organizada? Para la
autoridad es muy cómodo decir que si hay muertos o desaparecidos es porque
andaban en eso, aunque sabemos que muchos casos no tienen nada que ver con
ello.
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Si, la ley
establece las obligaciones de las autoridades. Para comenzar, la autoridad
tiene que garantizar que nadie sea desaparecido; desde ahí ya fallaron las
autoridades, hay desaparecidos, quiere decir que la autoridad no es garantizó
que no los desaparecieran. Ahora, una vez desaparecidos la autoridad tiene la
obligación de buscarlos y encontrarlos. Creo yo que por mucho tiempo a la
autoridad no le interesaron los desaparecidos, simplemente había una simulación
y la prueba es que apenas se está haciendo una ley sobre el tema. Entonces hay
responsabilidad de las autoridades, no puede quitársela de encima porque la ley
misma le señala cuáles son sus obligaciones y para eso es autoridad.
“Claro, muchos desaparecidos
han estado dentro de la delincuencia, pero muchos otros no. Yo creo que en ese
sentido lo que cuenta es que en este caso la autoridad tiene una
responsabilidad y tiene que responder de ella, y en ese sentido no puede
sacudirse esa responsabilidad”, concluye.
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