Escrito por
Jorge LópezDic 21, 2018
La diócesis de Chilango-Chilapa señala en un comunicado que las comunidades necesitan acciones prácticas para que vuelva el Estado de Derecho y la convivencia.
El obispo de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel ha sido amenazado por guardias comunitarios de ser privado de su libertad y sometido a un proceso de “reeducación”, por considerar que actúa con parcialidad por su contacto con líderes criminales del estado, contactos que el obispo siempre ha sostenido que son para promover la paz y la reconciliación en la entidad azotada por la violencia.
En tal virtud y por ser una amenaza posible es que el secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Florencio Salazar Adame urgió a la Secretaría de Gobernación (Segob) a tomar las medidas pertinentes frente a esta intimidación.
Los dichos de los “comunitarios” fueron publicados por el diario local El Sur por los que acusaron al prelado de recibir prebendas de los criminales del Cártel del Sur, por lo que lo privarían de su libertad y le someterían a un proceso de reeducación (trabajo forzoso) para que termine con su “parcialidad”.
Por parte el obispo respondió: “¿Bajo qué pretexto me van a detener?, ¿cuál es la acusación o tienen el derecho a detenerme? La suya sería una detención arbitraria y los penalizados serían ellos, no yo… ¿Cómo me van a detener? ¿Me van se secuestrar? Y luego, ¿a dónde me van a llevar? Yo creo que son palabras de más”.
Por otro lado trascendió en medios de comunicación que Rogelio Parra Silva, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del estado envió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, en el que manifestó que el obispo asumía posiciones contrarias al marco legal del estado, y que dichas expresiones incidían en las buenas relaciones que deben imperar entre el Estado y las Iglesias.
Así, en un comunicado, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa se expresó ante “las recientes declaraciones hechas por autoridades estatales, criminalizando la acción pastoral que nuestro Obispo Monseñor Salvador Rangel Mendoza O.F.M., ha estado llevando a cabo para buscar y construir la paz en el territorio que ocupa nuestra Diócesis”.
La Iglesia particular puntualizó que les “causa una profunda extrañeza que autoridades de alto nivel del Estado de Guerrero y de Derechos Humanos, este criminalizando las acciones que nuestro Obispo está realizando, que no buscan más que ayudar a los hermanos que han sido desplazados de sus lugares de origen en la Región de la sierra de Guerrero, quitándoles el derecho que todos los ciudadanos tenemos, vivir en paz y gozar de casa y sustento”.
Exigió además “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a las Subsecretarias y a la Comisión de Derechos humanos del Estado y Federal, atiendan, sin demora, las necesidades y derechos humanos de todas esas personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen en la región de la Sierra del Estado de Guerrero. Y así mismo atiendan las causas que han originado esos hechos, ya que es una labor que por ley les compete”.
Y reiteró que “como Iglesia particular, el Presbiterio Diocesano y los Fieles Laicos, rechazamos rotundamente todas aquellas acusaciones y tergiversaciones, que CRIMINALIZAN las acciones Pastorales de nuestro Obispo, referente a cualquier tipo de acercamiento a las víctimas de la violencia y a los diversos actores de la misma. Ratificamos nuestra disposición para trabajar, como ahora lo estamos haciendo y como siempre nos hemos declarado, a favor de la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en nuestro Estado y especialmente para defender la dignidad de las víctimas.
Además ante la afirmación de no asumir posiciones contrarias al marco legal del estado, se manifestó también en el comunicado que las comunidades requieren soluciones prácticas para que vuelva el Estado de Derecho y la convivencia a la entidad federativa.
Cabe mencionar que en febrero de este año asesinaron a dos sacerdotes en Guerrero, uno de ellos perteneciente a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, y la primera versión de la Fiscalía local fue que uno de los padres había sido identificado por una foto en redes sociales por un grupo criminal como integrante de un colectivo rival por lo que los asesinaron en una carretera.
Ante esta versión hecha sin fundamento el obispo Rangel levantó la voz pidiendo que no se difamara a los sacerdotes Iván Añorve y Germaín Ruiz, por lo que fue denunciado también a Segob, y conminado a ya no emitir declaraciones sobre el asunto, lo que comentó a abiertamente en la Misa que presidió en la Basílica de Guadalupe con ocasión de peregrinación anual de la diócesis al santuario mariano.
Los asesinatos de los padres Añorve y Ruiz, fueron los homicidios 20 y 21 de sacerdotes en el sexenio que terminó el 30 de noviembre, el cual cerró con 26 asesinatos en total.
El padre Ruiz era quien ejercía su ministerio en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa siendo el párroco de San Cristóbal en Mezcala.
Con información de Centro Católico Multimedial y Proceso.
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